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Publicado por Revista El Chiflon, , Facultad de Humanidades, UNCa, Catamarca, p.5 - 5, 2007
La comunidad universitaria catamarqueña continúa debiéndose un debate en torno al Proyecto Minero en marcha para nuestra Provincia, el que a nuestro entender desafía su responsabilidad intelectual y ética como centro de producción de conocimiento y como actor social responsable.
En ese sentido, retomamos aquí nuestra posición ya asumida a través de iniciativas como la Radio Abierta realizada el 28 de Junio pasado en la Facultad de Humanidades, con la presencia de un público mayoritariamente no-universitario. El dato no es insignificante en momentos en que el discurso político hegemónico tiende a señalar como síntomas de comunión con el “retroceso de los pueblos” nuestra crítica a las definiciones en curso sobre el desarrollo asociado a los emprendimientos mineros.
Sin embargo, sí viene a ampliar nuestra preocupación, el conjunto de declaraciones de la flamante secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que en una entrevista concedida al diario Ámbito Financiero, admitiera: "La minería a cielo abierto está provocando daño económico, social y ambiental, particularmente mediante la extracción de oro y con la utilización de cianuro en minas a cielo abierto”. Para la funcionaria, abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, “las leyes mineras dejan muy pocas ganancias a las provincias y la Nación”. Este y otros diagnósticos habrían determinado que se anuncie la conformación de un equipo técnico nacional para evaluar el impacto ambiental de las explotaciones. Pero, la verdad sea dicha, la ministra debe estar reconsiderando sus afirmaciones ya que el coro de argumentaciones gubernamentales va en la dirección opuesta, ponderando los beneficios de los emprendimientos mineros para las economías regionales y las comunidades donde estos se radican y negando frenéticamente las graves denuncias sobre el acelerado deterioro de la salud de la población y el hábitat.[1]
Lo que llama la atención a nuestra observación es que, pese a este reconocimiento oficial de los alcances de la Gran Minería para los estados provinciales, se mantiene la omisión de pronunciamientos de los expertos en la problemática, lo que refuerza nuestra convicción de que ello señaliza una connivencia técnico-científica con los intereses de las empresas mineras y la reafirmación de una equivocada concepción de desarrollo.[2]
Lo que se pone en discusión en el debate político, muy sui generis, como la generalidad de las deliberaciones en Catamarca sobre sus problemas estructurales, es la relación entre poder político y poder económico, tan bien demostrada por ejemplo en las afirmaciones parlamentarias sostenidas a raíz de innúmeras denuncias de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental y el temor provocado por la ruptura del mineraloducto en la zona del río Vis-Vis, que abastece de agua a la población andalgalense.
Solo para ilustrar este señalamiento recuérdese, como apunta Machado Aràoz (2005), que para la explotación de oro y cobre la Minera La Alumbrera Ltd invirtió en Catamarca 10 mil millones de dólares, suma que, según el Gobierno Provincial, ha multiplicado y transformado sustancialmente los “indicadores económicos de la provincia” ya que el rubro minero pasó del 0,56 % del total del PBG en 1990 a casi el 22 % en 1999, y a representar el 94,8 % del total de las exportaciones provinciales, que superaron su promedio histórico de 20 a 96 millones de dólares.[3]
De modo que no sorprende que la elite gobernante se desempeñe funcionalmente a la instrumentación y legitimación de este proyecto; sí indigna que la universidad pública, que aún declama sus principios de autonomía intelectual y política, tome distancia de esta grave situación y suspenda su crítica científica responsable en nombre de que “es un hecho consumado” o que “el saber no puede contrariar los principios del progreso material de los pueblos.”
En consecuencia, no es caprichosa nuestra tesis de que la expropiación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de nuestra Provincia es efecto inevitable de la subordinación de los dispositivos técnicos a los imperativos de la economía capitalista. Subordinación que, ha sido y es, fuente de justificación esgrimido por los responsables del Poder Ejecutivo para la desregulación política de la Gran Minería, pontificando que la supervisión técnica de profesionales formados en nuestras universidades garantiza una “explotación minera responsable”.
En sintonía con lo indicado, el desempeño de la clase política local en organismos de regulación, como la Legislatura Provincial, ha servido para legitimar los beneficios que la implementación de los asentamientos mineros aseguró hace ya más de una década a los inversores. Así, frente a este alarmante cuadro se ha mantenido y articulado en torno a comisiones investigadoras, sin discutir un solo ítem de instrumentos como la Ley de Regalías Mineras, que asegura la rapiña del capital transnacional en este rubro.
En ese sentido, retomamos aquí nuestra posición ya asumida a través de iniciativas como la Radio Abierta realizada el 28 de Junio pasado en la Facultad de Humanidades, con la presencia de un público mayoritariamente no-universitario. El dato no es insignificante en momentos en que el discurso político hegemónico tiende a señalar como síntomas de comunión con el “retroceso de los pueblos” nuestra crítica a las definiciones en curso sobre el desarrollo asociado a los emprendimientos mineros.
Sin embargo, sí viene a ampliar nuestra preocupación, el conjunto de declaraciones de la flamante secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que en una entrevista concedida al diario Ámbito Financiero, admitiera: "La minería a cielo abierto está provocando daño económico, social y ambiental, particularmente mediante la extracción de oro y con la utilización de cianuro en minas a cielo abierto”. Para la funcionaria, abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, “las leyes mineras dejan muy pocas ganancias a las provincias y la Nación”. Este y otros diagnósticos habrían determinado que se anuncie la conformación de un equipo técnico nacional para evaluar el impacto ambiental de las explotaciones. Pero, la verdad sea dicha, la ministra debe estar reconsiderando sus afirmaciones ya que el coro de argumentaciones gubernamentales va en la dirección opuesta, ponderando los beneficios de los emprendimientos mineros para las economías regionales y las comunidades donde estos se radican y negando frenéticamente las graves denuncias sobre el acelerado deterioro de la salud de la población y el hábitat.[1]
Lo que llama la atención a nuestra observación es que, pese a este reconocimiento oficial de los alcances de la Gran Minería para los estados provinciales, se mantiene la omisión de pronunciamientos de los expertos en la problemática, lo que refuerza nuestra convicción de que ello señaliza una connivencia técnico-científica con los intereses de las empresas mineras y la reafirmación de una equivocada concepción de desarrollo.[2]
Lo que se pone en discusión en el debate político, muy sui generis, como la generalidad de las deliberaciones en Catamarca sobre sus problemas estructurales, es la relación entre poder político y poder económico, tan bien demostrada por ejemplo en las afirmaciones parlamentarias sostenidas a raíz de innúmeras denuncias de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental y el temor provocado por la ruptura del mineraloducto en la zona del río Vis-Vis, que abastece de agua a la población andalgalense.
Solo para ilustrar este señalamiento recuérdese, como apunta Machado Aràoz (2005), que para la explotación de oro y cobre la Minera La Alumbrera Ltd invirtió en Catamarca 10 mil millones de dólares, suma que, según el Gobierno Provincial, ha multiplicado y transformado sustancialmente los “indicadores económicos de la provincia” ya que el rubro minero pasó del 0,56 % del total del PBG en 1990 a casi el 22 % en 1999, y a representar el 94,8 % del total de las exportaciones provinciales, que superaron su promedio histórico de 20 a 96 millones de dólares.[3]
De modo que no sorprende que la elite gobernante se desempeñe funcionalmente a la instrumentación y legitimación de este proyecto; sí indigna que la universidad pública, que aún declama sus principios de autonomía intelectual y política, tome distancia de esta grave situación y suspenda su crítica científica responsable en nombre de que “es un hecho consumado” o que “el saber no puede contrariar los principios del progreso material de los pueblos.”
En consecuencia, no es caprichosa nuestra tesis de que la expropiación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de nuestra Provincia es efecto inevitable de la subordinación de los dispositivos técnicos a los imperativos de la economía capitalista. Subordinación que, ha sido y es, fuente de justificación esgrimido por los responsables del Poder Ejecutivo para la desregulación política de la Gran Minería, pontificando que la supervisión técnica de profesionales formados en nuestras universidades garantiza una “explotación minera responsable”.
En sintonía con lo indicado, el desempeño de la clase política local en organismos de regulación, como la Legislatura Provincial, ha servido para legitimar los beneficios que la implementación de los asentamientos mineros aseguró hace ya más de una década a los inversores. Así, frente a este alarmante cuadro se ha mantenido y articulado en torno a comisiones investigadoras, sin discutir un solo ítem de instrumentos como la Ley de Regalías Mineras, que asegura la rapiña del capital transnacional en este rubro.
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En definitiva, entendemos que pensar lo social desde la universidad pública hoy acarrea el imperativo de deconstruir la disparidad de intereses en nombre de los cuales el conocimiento incubado en ella ha servido para mal-administrar el país y en cómo los relatos sobre el desarrollo y el bienestar general han rendido frutos tanto a dictadores como a demócratas. Recordemos que en Catamarca, de nuestras Facultades han salido los docentes e investigadores que planificaron y ejecutaron las versiones locales de esos enchastres políticos: la reforma educativa o programas de asistencia social y de asistencia técnica al agro en consonancia con los modelos de ajuste del estado, marcas lesivas sobre nuestra historia social que provocan a pensar en la falacia de la neutralidad del conocimiento que se invoca para reproducir las mismas condiciones sociales que simula cuestionar.
Si la función de nuestra universidad es reflexionar sobre aquello que vulnera la comunidad en la que se inscribe también no podemos entender sino como un gesto de falsa conciencia su desprecio por las acciones colectivas que proclamando el “No a la Mina” denuncian los infortunios fabricados incluso con argumentos de autoridad científico-técnica.
La cuenta pendiente que acusamos faltante se liga en última instancia al status que hemos desenvuelto y consolidado para el conocimiento, cuya apropiación en Catamarca puede estar al servicio de cualquier sector o interés por encima del bien colectivo y cuya democratización, en consecuencia, no se discute. Insistimos en que la comunidad universitaria tiene la oportunidad histórica de plantearse a qué proyecto de país aportan los recursos que forma y especializa y qué concepción de cambio social promueven éstos mientras transitan por los espacios de poder institucional en las esferas del Estado o en los siempre seductores pasadizos del mercado.
Este es punto cero de nuestra preocupación, ética, en términos de responsabilidad con nuestra propia historia y, política, en términos de desafío con nuestro desempeño en un orden social desigual. Pero a diferencia de la ministra Picolotti, no apostamos en la tecnocracia y los ensayos de pluralismo ideológico para pensar otro país, sino en la recuperación de las experiencias sociales que han señalado las endebles fronteras del saber subordinado a la clase política dirigente, cuyo papel se ha mantenido durante años en continua complementación con la voracidad de la economía de mercado, ahora justificada mediante la tesis de que con la Gran Minería ha llegado la hora y la vez de los pueblos.
Carlos Figari Elsa Ponce
Docentes e investigadores. Facultad de Humanidades
[1]La ministra Picolotti, en la entrevista referida, señala otro dato, también destacado en nuestros pronunciamientos, de que las leyes para la regulación de los emprendimientos mineros se hicieron en la década del noventa, anexas al Código de Minería y orientadas asegurar la explotación desmedida de los recursos no sustentables.
[2]Debemos subrayar que intelectuales y cientistas como Horacio Machado Aràoz, Alejandro Haber, Luis Alberto Reyes, Héctor Nieva, Jorge Perea y los autores de esta nota, conforman la estrecha lista de docentes e investigadores universitarios que se han pronunciado críticamente sobre problema.
[3]MACHADO ARÁOZ, Horacio (2005), “Las Huellas de la Globalización en el NOA. Un Análisis Político de las Transformaciones Económicas en la Región”. In I Congreso Nacional de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Octubre de 2005
[2]Debemos subrayar que intelectuales y cientistas como Horacio Machado Aràoz, Alejandro Haber, Luis Alberto Reyes, Héctor Nieva, Jorge Perea y los autores de esta nota, conforman la estrecha lista de docentes e investigadores universitarios que se han pronunciado críticamente sobre problema.
[3]MACHADO ARÁOZ, Horacio (2005), “Las Huellas de la Globalización en el NOA. Un Análisis Político de las Transformaciones Económicas en la Región”. In I Congreso Nacional de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Octubre de 2005
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